El Ministerio de Justicia pone en marcha la segunda fase de los planes de choque para recuperar la actividad de los juzgados

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El Ministerio de Justicia pone en marcha la segunda fase del plan de choque, medidas enmarcadas en el Plan de Actuación de la Disposición Adicional Decimonovena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. El principal objetivo es dar respuesta a la pandemia e incrementar la capacidad de resolución de los juzgados para restablecer los niveles de actividad registrados en el momento de declaración de estado de alarma. La gestión de esta segunda fase del plan se realizará con la coordinación de las instituciones y administraciones competentes, y con seguimiento continuo, mediante una valoración mensual del cumplimiento de los objetivos marcados.

Así, se mantienen las medidas aprobadas para la primera fase (septiembre-diciembre de 2020), que preveían actuaciones en los ámbitos social y mercantil y únicamente en relación a los procedimientos declarativos, extendiéndolas ahora al ámbito de lo contencioso-administrativo y a los órganos de segunda instancia. En esta segunda fase se introduce la existencia de equipos de asignación dinámica adscritos al territorio de cada Tribunal Superior de Justicia, compuestos inicialmente por jueces y letrados de la Administración de Justicia, para labores de refuerzo o sustituciones según las necesidades de las sedes judiciales.

Valoración de la primera fase

Aún pendientes de la consolidación de los datos extraídos sobre el funcionamiento de la primera fase del plan, casi un centenar de juzgados de lo social y 50 de lo mercantil han alcanzado los objetivos de autorrefuerzo previstos.

Se han resuelto más de 110 procedimiento sociales por mes y órgano participante y se han incrementado el número de juicios señalados en circunstancias muy excepcionales como son las impuestas por la pandemia.

De forma complementaria a las medidas de refuerzo, se están impulsando soluciones estructurales, como la creación de las 33 unidades judiciales comprendidas en el Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre; como en la normativa procesal, a través de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que generalizará el recurso a medios adecuados de solución de controversias para facilitar la adopción de acuerdos entre las partes sin necesidad de intervención judicial e introducirá mejoras tecnológicas en los procesos.

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